Estatal
Detienen a Daniel N., responsable de Centro de Adicciones de sindicato por narcomenudeo

Autoridades federales y estatales detuvieron a cuatro personas, entre ellas Daniel N., responsable del Centro de Desarrollo Humano para las Adicciones del sindicato “7 de Mayo”, durante un operativo por narcomenudeo en Chiautempan, Tlaxcala.
Daniel N., nombrado hace dos meses por la líder sindical Karina Erazo, tenía como misión revitalizar un centro certificado contra las adicciones. Sin embargo, su detención revela un pasado oscuro: en 2003 tuvo una orden de aprehensión por violación y privación ilegal de libertad, que nunca se ejecutó.
Durante su nombramiento, Daniel N. afirmó que el proyecto contra las adicciones “se vino abajo por conflictos internos” y que fue reinaugurado gracias al apoyo de Erazo. Sin embargo, su historial cuestionable —incluyendo acusaciones de fraude en 2021 por estafar a vecinos con falsos programas de vivienda— pone en duda su idoneidad para el cargo.
El Poder Judicial de Tlaxcala confirmó que Daniel N. está adscrito a un juzgado penal, pero actualmente en licencia sindical. Hasta ahora, la Fiscalía no ha notificado formalmente su detención, lo que podría desencadenar una investigación interna.
¿Impunidad o negligencia? Las sombras del caso
Este caso evidencia fallas en el sistema judicial:
-
La orden de aprehensión de 2003 nunca se cumplió.
-
Las denuncias por fraude en 2021 no prosperaron.
-
Ahora, su detención por narcomenudeo revive preguntas sobre su influencia dentro del sindicato y el gobierno estatal.
Mientras el Consejo de la Judicatura evalúa su situación, el sindicato debe decidir quién lo reemplazará.
¿Por qué Daniel N. evadió la justicia durante años?
-
2003: Orden de aprehensión por violación y secuestro (nunca ejecutada).
-
2021: Denuncias por fraude (archivadas sin sanción).
-
2025: Detenido por narcomenudeo, pero con vínculos sindicales y judiciales.
Expertos señalan que su cercanía con figuras políticas pudo protegerlo.
La detención de Daniel N. expone redes de protección en Tlaxcala. Si las autoridades actúan con transparencia, este caso podría marcar un precedente contra la impunidad de funcionarios vinculados al crimen.